La ONU acaba de informar que la sequía prolongada ha causado la muerte de 650 000 personas en las últimas cinco décadas en el mundo y se calcula que la ausencia de agua ha provocado el desplazamiento de 700 millones de personas en 2023. En el Sahel y en el resto del África subsahariana, un territorio conocido por el cinturón del hambre, a muy poca distancia de Canarias, asistimos a una de las tasas mayores del mundo de movimientos migratorios descontrolados causados por la inestabilidad política, los conflictos armados y el terrorismo yihadista. Factores extremadamente violentos que se unen a un cambio climático que está provocando sequías cada vez intensas y prolongadas. En la actualidad la población que vive en este espacio africano de cuatro millones de km² ronda los 75 millones de habitantes, cifra que puede triplicarse de aquí al 2050. Hace ocho años se calculaba que los menores de 25 años suponían más del 60 % de la población total. La mayoría de estos jóvenes se enfrentan a una falta de perspectivas de futuro por lo que es más que previsible que ejerzan una notable presión migratoria hacia Europa con una importante deriva hacia la peligrosa ruta de Canarias. Las consecuencias del cambio climático en esta parte del mundo ya se están haciendo notar en forma de inmigración no autorizada. Lo que está sucediendo en el mundo y en los alrededores de nuestro pequeño y confiado Archipiélago nos está afectando directa e indirectamente, lo que justifica una reflexión como la que exponemos a continuación.
La sequía interfiere en las formas de vida tradicionales de gran parte de África
1) Constatación de la existencia de fenómenos naturales extremos cada vez más dañinos y frecuentes
En marzo de 2019, cuando el ciclón tropical Idai golpeó Mozambique, Zimbabue y Malawi, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tuvo que reubicar a cientos de miles de familias damnificadas en improvisados albergues. Uno de los peores desastres climáticos de la última década tuvo lugar en Centroamérica durante los meses de octubre a noviembre de 2020. Casi tres millones de personas tuvieron que recibir asistencia debido a la elevada capacidad destructiva del huracán Eta. De forma parecida, ACNUR tuvo que intervenir con los rohingyas (minoría musulmana arrojada violentamente de Myanmar y refugiada en la frontera sur de Bangladesh) para aminorar los devastadores efectos de los monzones en el sureste asiático. De nuevo, en julio de 2023, los migrantes misquitos de las costas atlánticas de Honduras y Nicaragua tuvieron queser realojados en un campamento de la localidad de Matamoros (México) porque sus aldeas fueronarrasadas porla inesperadaviolencia de los huracanes.
Por su furor destructivo vemos cómo estos fenómenos naturales son cada vez más frecuentes y afectan con mayor intensidad a numerosas poblaciones en diferentes zonas del mundo. Pocos lugares de la Tierra se escapan de sus efectos destructivos. Sus consecuencias no dejan de ser alarmantes en tanto en cuanto convierten a sus víctimas en refugiados climáticos, una nueva modalidad de migraciones forzadas.
Como tantos otros pequeños archipiélagos de los océanos Índico y Pacífico, las Islas Maldivas pueden desaparecer irremediablemente con el aumento del nivel mar. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), celebrada en noviembre de 2021 en la ciudad escocesa de Glasgow, quedó bien claro que la diferencia entre 1,5 grados y 2 grados (Celsius) supone una sentencia de muerte para las Maldivas. Una situación parecida amenaza igualmente a las Islas Fiyi, las islas de Ghoramara, Kitibati, Marshall (archipiélago compuesto por 34 islas en el Pacífico), Salomón, el pequeño archipiélago de Samoa, de tan solo 2831 km², y la diminuta isla de Nauru (21km²). Las autoridades de estas islas entablaron negociaciones bilaterales con Nueva Zelanda, Australia, Taiwan y otros países asiáticos cercanos para que sus respectivas poblaciones pudieran ser acogidas cuando la subida del nivel del mar haga imposible la vida en las mismas. Con objetividad y vistas las cosas así, el panorama que se vislumbra para un futuro próximo es auténticamente desolador.
Sin embargo, a pesar de todas las señales de alerta y pese al acelerado deterioro de la situación climática, la comunidad internacional, temerosa ante la escalada de tensiones que van desde el sureste asiático hasta el Oriente Próximo; desde los confines de Europa hasta las regiones subsaharianas, no dispone aún de los consensos necesarios para adoptar un acuerdo común sobre el derecho de los refugiados por razones ambientales. Las previsiones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) publicadas en 2022 confirmaban el carácter cada vez más alarmante sobre la cuestión de la migración forzada de personas desplazadas por el clima. De hecho, el sexto informe del IPCC pronosticó que para 2050 unos 216 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse a otros lugares diferentes a su residencia habitual debido a las graves perturbaciones ocasionadas por el cambio climático. Si inicialmente estos movimientos podían discurrir dentro de sus propios países (migraciones internas), en adelante eso será imposible y muchos Estados tendrán serias dificultades para gestionar las transformaciones logísticas y demográficas en su propio territorio, teniendo que abrir sus fronteras nacionales a los desplazamientos internacionales por razones humanitarias. Por los datos que manejan las agencias de la ONU, las compañías de seguros y otras organizaciones no gubernamentales, nos encontramos ya plenamente integrados en una nueva y ampliada dimensión de las actuales migraciones globales.
La mayoría de los Estados que acogen refugiados actualmente (el 75 % de ellos son países de ingresos bajos o moderados como Turquía, Irán, Colombia, Pakistán, Jordania, Líbano…) realizan enormes esfuerzos para atender a los aproximadamente 110 millones de personas desplazadas por la fuerza en diversas partes del mundo. Los distintitos observatorios científicos predicen escenarios futuros inquietantes con fenómenos extremos cada vez más activos, según la tendencia que en este aspecto se viene repitiendo desde finales del pasado siglo, pero que no han sido debidamente tenidos en cuenta por los gobiernos. Desde un negacionismo irracional se ha pasado a fingir que se admite “realmente” el calentamiento global para luego no mover ficha o para postergar prioridades. De persistir la actual situación asimétrica en la acogida, los Estados receptores tradicionales van a verse rápidamente desbordados, especialmente porque casi un 70 % de las personas obligadas a migrar a escala internacional no tendrán otra alternativa que buscar el país más próximo o el de más fácil acceso que garantice una mínima seguridad. Por lo tanto, la adopción de medidas preventivas para afrontar las posibles catástrofes humanitarias que surjan en las próximas décadas, se hacen cada vez más perentorias.
Al mantenerse las diferencias socioeconómicas entre países, los más ricos (que son en gran parte los responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero y un factor importante en el cambio climático) serán los más capaces de adaptarse y mitigar los efectos de estos trastornos atmosféricos por sus propios medios. Por lo tanto, es muy probable que las personas desplazadas por el clima busquen alcanzar sus fronteras, tensionando más aún si cabe el debate sobre la acogida. Estas situaciones de confrontación se suelen dar siempre cuando las migraciones no están suficientemente planificadas y las infraestructuras no están listas para acoger a quienes llegan e integrarlas dignamente. La Organización Internacional de las Migraciones advierte que las tensiones entre las poblaciones desplazadas y las sociedades de acogida pueden alcanzar su punto máximo si no se anticipan una serie de medidas bidireccionales para que este trasiego de personas sea lo menos traumático posible. El experto en desarrollo y movilidad humana, Lant Pritchett, propone a este respecto que el régimen migratorio se debata públicamente sobre estas tres posibilidades (“quién es nuestro futuro, a quién se le permite trabajar aquí y a quién acogemos por necesidad”) que ayudarán a cambiar la narrativa y desarmarán los argumentos simplistas de los xenófobos.
2) Un derecho internacional obsoleto
Actualmente, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, se define a los refugiados como "toda persona que tenga fundados temores de persecución por razón de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas, estando fuera del país de su nacionalidad y que no puede o, a causa de este temor, no quiere reclamar la protección de ese país”. Por lo tanto, en sentido estricto, las migraciones forzadas por el cambio climático no están todavía incluidas en la definición de refugiado según el derecho internacional.
El 10 de diciembre de 2018 se adoptó en la conferencia intergubernamental sobre migración celebrada en Marrakech (Marruecos) un marco de partida para mejorar la gobernanza migratoria basada en los Derechos Humanos. Desde entonces el Pacto Mundial ya supone una oportunidad para reforzar la protección de los Derechos Humanos de todos los emigrantes, independientemente de sus circunstancias particulares. En 2018, con la firma del referido Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, en el que ya ha quedado identificado el cambio climático, los desastres naturales y la degradación ambiental como impulsores de la migración forzada, dio lugar al nacimiento de una nueva era en el derecho internacional para los Refugiados por razones ambientales producidas por el clima. Desgraciadamente, estos consensos esperanzadores no se han visto plasmados en la práctica de forma inmediata. Son múltiples los obstáculos que ralentizan la puesta en marcha de estas nuevas disposiciones internacionales que de momento tienen sólo el valor moral de su aceptación inicial como principio general lo que en sí mismo es ya un gran avance, aunque insuficiente.
3) Tuvalu y Australia: primer gran acuerdo de acogida de ciudadanos amenazados por el clima
Sin embargo, al revisar sus legislaciones nacionales en materia de derecho de refugiados, los Estados (al menos teóricamente) parecen disponer de un mejor posicionamiento para regular estas migraciones forzadas y acoger a las personas desplazadas por el clima. Efectivamente, en ausencia de una conciencia global y una puesta al día del derecho internacional que lo haga más efectivo, la adopción de nuevos tratados bilaterales –como el propuesto por Australia– bien podría ser un paso adelante en la dirección correcta. Porque la cuestión que se plantea ya no es realmente si actuar o no, sino cómo hacerlo antes de que los efectos incontrolados de la migración climática desencadenen nuevas turbulencias políticas (principalmente fenómenos de xenofobia y racismo) de alcance imprevisible.
El pasado día 10 de noviembre de 2023, el Gobierno australiano anunció un acuerdo extraordinario con las autoridades de Tuvalu para reconocer la migración forzada derivada del cambio climático. Se trata de un acuerdo histórico por su carácter pionero. Su objetivo principal es conceder progresivamente el estatuto de refugiado a unos 11 000 tuvaluanos cuyo territorio natal está desapareciendo rápidamente a causa del aumento del nivel del mar. Aunque esta novedosa iniciativa parece alentadora, no deja de ser más que una experiencia aislada y un magnífico precedente.
Hay que tener en cuenta que la medida adoptada por Australia no es nueva. Ya en 2017, Nueva Zelanda ofreció un visado similar e, incluso, había iniciado un programa piloto con este fin. Sin embargo, dicha idea fue rápidamente abandonada, ya que los habitantes de los países insulares del Pacífico se negaron a exiliarse. En efecto, el mayor fracaso de este aventajado programa piloto fue su falta de impacto en el escenario internacional a pesar de que fue elogiado como pionero por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por parte de países en riesgo inminente de desaparecer por la subida del nivel del mar se han hecho consultas a la Corte Internacional de Justicia para aclarar qué consecuencias jurídicas y qué obligaciones recaerían sobre aquellos países que hayan causado perjuicios significativos a la dinámica atmosférica, al clima o al medio ambiente dañando irreversiblemente sus territorios y arruinando a sus ciudadanos. La Corte deberá dar lo antes posible una aclaración plausible sobre este vacío jurídico y ofrecer garantías a los ciudadanos de los países afectados por el cambio climático. Habrá que esperar y seguir confiando en que la tozudez de los hechos por un lado y el avance de la conciencia humanitaria por otra consigan algún día un derecho internacional más justo, aceptado de buen grado por toda la comunidad de naciones y se disponga de organismos específicos por parte de las Naciones Unidas que fomenten y vigilen su cumplimiento.
Bibliografía consultada
Altamirano, Teófilo (2014). Refugiados ambientales y migración forzada. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
Bourgeon, Mathilde (2023): “Migrations forcés. Quelle issue pour les desplacées climatiques?” Observatorio de Geopolítica de la Chaire Raoul-Dandurant (Uquam-Quebec).
Organización Mundial de las Migraciones (OIM): Migración y cambio climático (https://www.iom.int/es/migracion-y-cambio-climatico).
Ramón Díaz Hernández es investigador honorífico de la ULPGC.