El indudable y meritorio interés de los palmeros por mejorar su formación intelectual, ampliar sus conocimientos y alcanzar un bienestar económico, ha generado durante los cincuenta últimos años un considerable éxodo juvenil hacia centros universitarios próximos y lejanos. La ausencia de instituciones de nivel superior en la isla está provocando un empobrecimiento demográfico muy significativo ya que, lamentablemente, una parte importante de los estudiantes, tras la titulación obtenida con su esfuerzo personal y el sacrificio económico de sus padres, no regresa a su tierra para ejercer profesionalmente.

Mucho se ha escrito y hablado sobre la emigración isleña a Cuba, Venezuela y a otros países hispanoamericanos pero desconozco si existe alguna tesis, memoria, apunte o artículo periodístico que trate sobre la cantidad de palmeros que en el último medio siglo han abandonado su isla para cursar estudios superiores. Seguramente, el resultado de esa investigación nos sorprendería a todos, máxime si revelara el desembolso económico que ha supuesto para sus familias. Hoy disponemos de un dato muy significativo y fácil de obtener. Basta un repaso mental por nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo o vecinos para darnos cuenta de que todos compartimos un mismo problema: hijos, hermanos o familiares jóvenes ausentes.

Hace unos veinte años aproximadamente miles de grancanarios se manifestaban por sus calles reclamando insistentemente una Universidad completa para su provincia. Jamás existió un respaldo popular tan amplio a favor de un centro universitario. El 26 de abril de 1988 el Parlamento Canario aprueba por una mayoría de dos tercios la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias al amparo de la cual se crea la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que comienza su actividad académica en el curso 1989/1990. En apenas dos décadas cuenta ya con varios campus, uno de ellos en Lanzarote en el que se imparten las diplomaturas de enfermería y turismo con posibilidades de ampliar las titulaciones próximamente. No es La ULPGC la única universidad española con campus, escuelas universitarias o centros docentes delegados repartidos por otros lugares diferentes a los de su sede. Por ejemplo la Universidad de Las Islas Baleares, cuya central está en Mallorca, los tiene en Ibiza y Menorca, donde isleños como nosotros pueden realizar estudios de ciencias empresariales, administración y dirección de empresas, derecho, enfermería, magisterio y ciencias políticas. La Universidad de Granada tiene campus en Ceuta y Melilla. La de Castilla-La Mancha en Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Almadén, Puertollano y Talavera de la Reina. La Rey Juan Carlos en cuatro municipios de la Comunidad de Madrid: Fuenlabrada, Móstoles, Vicálvaro y Alcorcón. Podría utilizar cien folios con ejemplos similares pero para muestra bastan estos botones.

Si otras islas y ciudades lo solicitaron y lograron ¿por qué La Palma no puede beneficiarse de un campus universitario? ¿Existe algún impedimento legal, administrativo, político o histórico? ¿Prejuicios absurdos quizás? Hay quien opina que se debe centralizar la enseñanza y, a través de ayudas y becas, fomentar la movilidad hacia las universidades. No estoy de acuerdo con este planteamiento que podría ser bueno para la Península pero no para un territorio fragmentado como el nuestro. La citada Ley de reorganización universitaria de Canarias contempla, afortunadamente, nuestra insularidad, estableciendo en su Art. 5º que el Plan Universitario de Canarias potenciará cuantos centros, enseñanzas y especialidades se consideren necesarios en cada isla, teniendo en cuenta la demanda existente, los recursos disponibles, el equilibrio interuniversitario y las exigencias del progreso de Canarias en todos sus órdenes. La Palma cumple con estos requisitos. Demanda existe indudablemente. Es una isla “exportadora” de jóvenes. El equilibrio interuniversitario no se rompe, más bien se refuerza o como mínimo, se equipara. El progreso de la isla lo exige ante la evidente emigración juvenil, la significativa tasa de envejecimiento que padece y su elevado índice de paro, el más alto de Canarias según las estadísticas oficiales. Solo falta para completar estas exigencias legales, la única que no depende en su totalidad de nosotros: “los recursos disponibles” y esto, amigos, es harina de otro costal. Un costal que está lleno para unas cosas y vacío para otras. No creo que el precio total de un campus universitario sea tan exagerado como para rechazarlo de entrada sin profundizar en todas y cada una de las ventajas sociales, culturales y económicas que aportaría. Sea cual sea el importe de esta inversión, será ridículo si se compara con otros dispendios empleados en infraestructuras con un porvenir ni tan garantizado, ni tan rentable, ni tan necesario, lo que demuestra que, cuando hay interés, las voluntades políticas son capaces de mover montañas y encontrar recursos en sus cumbres por muy altas e inaccesibles que estas sean. Se pueden obtener fondos, por ejemplo, de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) si el Gobierno Autónomo emitiera bonos de deuda pública aptos para esta finalidad, como también se podrían, además, solicitar ayudas tanto al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como al Fondo Social Europeo (FSE) creados ambos para financiar programas de desarrollo regional, formación profesional y creación de empleo para jóvenes, sin excluir las aportaciones, que serían plurianuales, del Cabildo Insular y Gobierno Autónomo, inversiones que generarían un beneficio, un ahorro real, no teórico ni demagógico, a muchas familias palmeras; evitarían, o al menos aliviarían, el éxodo juvenil y ampliarían las posibilidades de realizar estudios universitarios truncados por la carencia de medios económicos.

¿Por qué no comenzamos ya, ahora mismo, a dar los primeros pasos? Si todos cooperamos, empezando por los Ayuntamientos y Cabildo Insular, secundados y respaldados por todos los partidos políticos, Cepyme, organizaciones sindicales, Cámara de Comercio Industria y Navegación, Real Sociedad Económica, cooperativas y asociaciones agrarias, entidades bancarias, cajas de ahorros y el indispensable respaldo de los medios de comunicación apoyados por los colegios, escuelas, institutos, asociaciones de padres, alumnos, profesores y vecinos, centros culturales, colegios profesionales, sociedades de recreo y deportivas, particulares, etc. y lo solicitáramos, podríamos lograrlo. Conformarnos solo con el Centro Asociado de la UNED y los cursos de verano de la Fundación Universidad Ambiental no soluciona ni el éxodo ni el paro juvenil. Debemos reivindicar para la isla un campus universitario en el que podamos obtener alguna o algunas de las diplomaturas que imparten las Universidades Canarias, ambas de ámbito regional, como Enfermería, Fisioterapia, Turismo, Ciencias Empresariales, Logopedia, Relaciones Laborales, Trabajo Social, Magisterio o cualquier otra titulación que se considere útil y conveniente para los palmeros, que evite la injusta, ingrata y perjudicial emigración juvenil, la dispersión familiar, la sangría económica de muchísimas familias.

He señalado en otra ocasión que Santa Cruz de La Palma necesita que la vistan no que la desnuden. Un centro universitario de estas características ubicado en ella sería el traje apropiado, el vestido ideal para una culta, noble y leal ciudad. Una justa recompensa para la capital insular que remediaría su empobrecimiento demográfico y económico. Las instalaciones para este indispensable campus universitario con las dotaciones necesarias para su normal funcionamiento (aulas, biblioteca, laboratorios, administración, despachos, archivos, residencia, cafetería, aparcamientos, zonas deportivas, etc.) además de la UNED mejorada y la escuela de idiomas, no tienen que ser obligatoriamente edificios faraónicos que requieran grandes superficies de terreno para su construcción aunque si deberían contar con buenas comunicaciones y cómodos accesos.

Está claro que para conseguirlo primero hay que pedirlo. Por tanto es indispensable que el grupo de gobierno del Ayuntamiento capitalino, sin tregua, sin indecisiones, con interés, con responsabilidad y con el apoyo de todos los grupos políticos, logre un acuerdo plenario unánime, sin fisuras ni protagonismos, solicitando la creación de un campus universitario en esta ciudad, para la isla. Dictamen transmitido para su conocimiento a los ayuntamientos palmeros, Cabildo Insular, Parlamento y Gobierno de Canarias, Consejos Sociales y Universidades Canarias. Informando a todos los centros docentes insulares y a cuantas instituciones y personas consideren dispuestas a ofrecer su apoyo a esta razonable, necesaria y justa reivindicación. Dado este primer paso falta lo más importante: continuar trabajando, luchando sin descanso hasta su consecución. ¡Querer es poder! reza el dicho popular y esta aspiración debemos alcanzarla con el querer de nuestra firmeza y el poder de nuestra perseverancia.