El ejemplo más notable de esta nueva partida de bienes a proteger es el antiguo Cementerio de Vegueta, que según el documento presentado por el Cabildo de Gran Canaria “ostenta notorios valores históricos y arquitectónicos y constituye un testimonio singular del patrimonio histórico insular”. Este camposanto, localizado en el antiguo extremo sur de la ciudad, alberga un “sobresaliente” legado arquitectónico y artístico a la par de ser testigo de una de las páginas más tristes de la historia de la capital. Construido en 1811, dio respuesta a las necesidades de una ciudad asolada por la epidemia de Fiebre Amarilla y que debía cumplir con las órdenes reales que prohibían dar sepultura en iglesias. A mediados del siglo XIX se iniciaron las reformas con la construcción de nichos y el recinto adoptó su configuración actual. Hitos como su portada neoclásica, obra de Manuel Ponce León, y las capillas y esculturas de su interior son una de las mejores muestras de arte funerario que existen en Canarias.

Respecto al Cementerio Inglés, situado en el barrio de San José, fue el primer camposanto de esta naturaleza que se construyó en España. Levantado sobre unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, las obras se iniciaron en 1834, recibiendo el primer enterramiento sólo un año después. El valor de este inmueble de más de 1.800 metros cuadrados es eminentemente histórico, ya que es un ejemplo magnífico de las relaciones comerciales que se establecieron entre Gran Canaria y los puertos ingleses durante gran parte del siglo XIX y principios del XX. En este recinto están enterrados personajes imprescindibles para comprender la reciente historia de la isla tales como el empresario Thomas Miller y su familia o George Ansticed, primer vicecónsul británico en la isla.

Entre las competencias de los cabildos insulares está incoar y tramitar los expedientes de declaración de Bienes de Interés Cultural, elevándolos al Gobierno de Canarias para su aprobación, así como las modificaciones de dichos expedientes, procedimiento que podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte. Como recoge la Ley, los BIC serán “aquellos bienes que ostenten notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos o paleontológicos o que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria”, lo que supone el “establecimiento de un régimen singular de protección y tutela”.