Revista nº 693
ISSN 1885-6039

La Fiscal de Medio Ambiente denuncia la obra de la Central Hidroeólica de El Hierro.

Martes, 17 de Mayo de 2011
Asociación Cultural y Ecologista Ossinissa
Publicado en el número 366

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a formular denuncia por la aprobación y ejecución de la concesión de aprovechamiento hidroeólico de El Hierro, la cual implica a funcionarios y autoridades públicas del Cabildo Insular de El Hierro, del Ayuntamiento de Valverde, del Patronato de Espacios Naturales Protegidos y del Gobierno de Canarias por un presunto delito contra los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y el Patrimonio Histórico, así como sobre la Ordenación del Territorio y la Prevaricación de Funcionarios Públicos. De esta forma lo hacen constar las diligencias preliminares de investigación 73/2009 de la Fiscalía, que dieron lugar a la denuncia 66/2010 en el Juzgado de Instrucción de Valverde.

 

La asociación cultural en defensa del Medio Ambiente Ossinisa mantuvo el pasado viernes una reunión con la Sra. Fiscal de Medio Ambiente, Dña. Inmaculada Violán, en la cual se les comunicó la buena marcha de esta denuncia. Por el momento, las pesquisas destacan la presunta comisión de un delito contra el Patrimonio Histórico recogido en el Capítulo II del Título XVI del libro II del Código Penal, Arts. 320, 322, 323 y 324, por la afección de zonas arqueológicas donde se encontraban Bienes de Interés Cultural. Igualmente, se valoran las afecciones al Paisaje Protegido de Ventejís y Paisaje Protegido de Timijiraque, así como la transgresión de la normativa comunitaria respecto a la protección de hábitats de la Red Natura 2000, concretamente los Lugares de Interés Comunitario (LIC) Garoé y Timijiraque (ahora Zonas de Especial Conservación -ZEC-), y la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) Garoé.

 

El caso Central Hidroeólica también consta en el sumario de la denuncia pionera en España emitida por un fiscal contra la Administración por incumplimiento de la Convención sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales, más conocida por Convenio de Aarhus. El Cabildo de El Hierro y el Ayuntamiento de Frontera podrían sentar la primera jurisprudencia en el Estado Español por la presunta comisión de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos en la Constitución y las Leyes. El "despotismo característico" del presidente del Cabildo de El Hierro, D. Tomás Padrón, lo lleva a reconocer la omisión de derechos tras el recordatorio de deberes legales emitido por el Diputado del Común y el Defensor de El Pueblo, afirman. Este último llegó a advertir su mención ante las Cortes Generales, y aun así Padrón sigue sin entregar la información solicitada, aseveran.

 

Según la asociación Ossinisa, desde antes de que se iniciasen las obras mostraron gran interés por conocer al detalle el proyecto hidroeólico. Sin embargo, las distintas administraciones les negaron cualquier información técnica y medioambiental sobre el mismo. "Nos parecía un paso decisivo para el autoabastecimiento de El Hierro y la lucha contra el cambio climático, pero veíamos muchas contradicciones e ilegalidades, que finalmente nos llevaron a la conclusión de que todo se trataba de un engaño para satisfacer intereses privados a corto plazo", aseguran. Algunas de estas ilegalidades fueron reveladas en público ante las máximas autoridades insulares y los tres parlamentarios de El Hierro.

 

En efecto, la mesa redonda sobre el modelo energético de El Hierro y la presentación del Plan Territorial Especial de Infraestructuras Energéticas dio las claves. En ella participaron el Consejero de Hacienda del Cabildo de El Hierro, D. Javier Armas, el Viceconsejero de Industria y Energía D. Juan Pedro Sánchez, el Director General de Red Eléctrica de España en Canarias, D. Santiago Marín, el Director General de Endesa en Canarias, D. Pablo Casado, y los profesores universitarios D. Antonio Pulido (redactor del Plan Especial) y D. Francisco Ramos.

 

De mano del profesor Pulido se manifestó literalmente: "no sabemos si la Central funcionará o no, si llegaremos a un 10% renovable, 50 u 80... también puede ser un autentico fracaso", así como: "el sistema puede quedar obsoleto en poco tiempo debido al aumento de la demanda energética y la autonomía del sistema hidráulico, que con nuestros cálculos es de 3 días pero puede reducirse mucho más, por lo que habrá que embalsar varios barrancos y buscar grandes subvenciones para nuevas infraestructuras". La nota final vino dada por afirmaciones como "la central Diesel estará siempre en funcionamiento y seguirá creciendo a medida que crezca la demanda energética, como si la central Hidroeólica no existiese, ya que el diesel es el único que garantiza el suministro".

 

Según Ossinisa, resulta lamentable que cuando se le comunicó al Viceconsejero D. Juan Pedro Sánchez si conocía la denuncia de Fiscalía, el Director del Plan, D. Antonio Pulido, afirmó que "sí es cierto que hemos afectado zonas arqueológicas, Espacios Naturales Protegidos y a la red Natura 2000", añadiendo como expresión sublime un sonado y desafiante "¿y qué?" al Estado de Derecho.

 

Igualmente, Ossinisa destaca que los datos técnicos y jurídicos reales de dicho proyecto contrastan con los manifestados en la prensa local, nacional e internacional. Por otra parte, las grandes inversiones en marketing no dan pie a ninguna observación crítica sobre dicho proyecto, pues las líneas publicitarias se marcan desde el gabinete del Presidente del Cabildo, y desde ahí no se contrastan ni un ápice hasta su publicación en prensa o televisión. "Las objeciones se censuran sin más, a toque de persecución política en el entorno laboral", afirman.

 

"Después del concurso eólico, en Canarias empieza a crearse un nuevo paradigma para seguir depredando el patrimonio natural e histórico y dar pie a la corrupción: las renovables", asegura Ossinisa. Este es el caso de la penetración de grandes infraestructuras para energías renovables en manos de los mismos especuladores y dinamizadores de la desprotección del Medio Ambiente, los cuales cambian de actividad económica pero no de conciencia, manifiestan.

 

Sobre la Central Hidroeólica se han creado tantos mitos e incoherencias que superan las falsas expectativas anunciadas por D. Tomás Padrón. Sin embargo, empieza a relucir otra verdad incómoda que desmantela el propagandismo mesiánico del Presidente tras descubrir el negocio del siglo XXI. A día de hoy, y por la gestión de los vertederos, están imputados por presunto Delito Ecológico y contra la Salud Pública todos los altos cargos que tuvieron la cartera de medioambiente en el Cabildo de El Hierro: Dña. Claribel González y D. Javier Armas. También D. Fernando Gutiérrez (representante de Asociaciones Ecologistas en el Patronato de Espacios Protegidos, elegido unilateralmente por D. Tomás Padrón, su presidente), y Dña. Fabiola Ávila, la técnico de residuos. Por último, la Inspectora de Patrimonio del Cabildo de El Hierro, Dña. María Teresa Ruíz, también podría estar imputada por presunto delito contra el Patrimonio Histórico en el caso La Caleta.

 

Ossinisa afirma que de esta manera se inicia un cerco judicial que pone en jaque a la Administración tomasista, poniendo en relieve las prácticas caciquiles que la han caracterizado a lo largo de 30 años.

 

 

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